El greenwashing o ecopostureo es una práctica engañosa y bastante habitual hoy en día. Consiste, principalmente, en asegurar que un producto es ecológico a través de su etiquetado cuando en realidad no lo es. A partir de marzo de 2026, como un nuevo paso para luchar contra esto, comenzará a aplicarse una norma de la UE que exige una verificación independiente sobre la sostenibilidad de todo tipo de productos.
Algunas de las etiquetas que encontramos día a día en todo tipo de artículos que consumimos de manera habitual pueden ser «bio», «vegano», «producto 100% reciclable»… Con esto, los fabricantes intentan llamar la atención del consumidor que se preocupa por estos aspectos, ya que cada vez somos más; de hecho, según un Eurobarómetro de 2023, el 93 % de los ciudadanos de la UE ya toma conscientemente decisiones a favor de la sostenibilidad en su vida cotidiana. Sin embargo, esta práctica general tiene los días contados porque en España se tendrá que aplicar una directiva europea antes de marzo de 2026 que afectará a casi todas las empresas. De este modo, las corporaciones deberán presentar cierta información sobre sostenibilidad.
Desde Aenor, la Asociación Española de Normalización y Certificación, indican que esta medida permitirá a los consumidores tomar decisiones de compra y que el greenwashing no tenga soporte. Esto será voluntario pero, quien no obtenga una certificación, no podrá etiquetar sus productos como respetuosos con el medio ambiente ni podrá presentarse a licitaciones para obtener contratos públicos.
Es cierto que, en una corporación de a partir de 500 empleados, la información de sostenibilidad ya debía ser verificada por un tercero independiente. Sin embargo, a partir de marzo de 2026, esta regulación también aplicará a sus filiales y a empresas medianas y pequeñas. Solo quedan fuera de esta nueva normativa las microempresas. En el informe deberán incluirse datos como los responsables de la entidad en materia de sostenibilidad, sus productos, su cadena de valor, sus relaciones comerciales y su cadena de suministro.
«La información que pones a la vista de un consumidor tiene que estar avalada. Ya no será suficiente simplemente con decir que la fabricación de un producto es sostenible, sino que tendré que garantizarlo con una certificación de reducción de huella de carbono, de huella hídrica… No será válida una afirmación genérica», resumió así esta nueva obligación Mayrata Conesa, manager de Compliance y Buen Gobierno en Aenor.
Cabe resaltar que las auditorías que se harán una vez aplicada la nueva ley serán exhaustivas, anuales y presenciales, de tal manera que el certificado que se consiga sea 100 % fiable y de calidad, algo muy importante para los consumidores y también frente a otras empresas que opten por prescindir de la verificación.
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